S?bado, 10 de noviembre de 2007
: CAUSAS Y CONTEXTO
Enviado por editor el Mar, 06/11/2007 - 10:17 Latinoam?rica | mujeres
Mercedes Hern?ndez, Comisi?n de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca CDHHG
M?s de 306 han sido asesinadas en Guatemala durante el primer semestre de 2007. M?s de 3.500 lo han sido en los ?ltimos cinco a?os y m?s de 1.200 tan s?lo durante 2006 en el tri?ngulo norte de Centroam?rica, formado por Guatemala, El Salvador y Honduras, pa?ses en los que la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes que evidencian un crecimiento acelerado de la criminalidad ciudadana, amenazando a corto y medio plazo la democracia y la gobernabilidad, y poniendo de manifiesto que la situaci?n que viven las centroamericanas es de inseguridad y riesgo permanentes s?lo por ser mujer.
Estos hechos delictivos muestran planificaci?n, capacidad operativa, dominio del territorio e intenci?n de emitir mensajes de intimidaci?n por parte de los autores, lo que diferencia estos cr?menes de la delincuencia com?n y les otorga connotaciones terroristas y pol?ticas que implican a los estados centroamericanos, en los que, a pesar del reconocimiento oficial de la existencia de la violencia de g?nero, no se han tomado las medidas pertinentes para su prevenci?n, sanci?n y erradicaci?n.
Para comprender el devenir de este estado permanente de indefensi?n y terror en el que viven las mujeres, es necesario tener en cuenta la situaci?n de posguerra que se vive en el tri?ngulo norte y, m?s a?n, indagar en la violencia sufrida por la poblaci?n femenina durante los a?os de conflictos armados, sin menospreciar el hecho de que antes de las guerras en El Salvador y Guatemala (la situaci?n en Honduras responde a un contexto diferente) el estatus sociocultural de las mujeres en Centroam?rica tambi?n era de exclusi?n y marginaci?n, condiciones propias del sistema de valores impuesto por el machismo enraizado en la cultura de la regi?n, que coloca a las mujeres en una permanente subordinaci?n a normas jur?dicas y sociales que no las protegen ni representan.
Desde el inicio de la guerra interna, hacia 1960, hasta su fin, en 1996, la mayor?a de los involucrados en el conflicto armado fueron hombres: desde el alto mando responsable de las acciones contrainsurgentes hasta las tropas que llevaron a cabo buena parte del terror, pasando por los campesinos forzados a servir al gobierno en las patrullas de autodefensa civil. El movimiento revolucionario dio participaci?n a las mujeres en la lucha, como combatientes armadas y poblaci?n de apoyo, pero tambi?n fue dominado por los hombres.
Como consecuencia de la participacion masculina en el conflicto armado, la mayor?a de las v?ctimas fueron hombres, salvo en la regi?n occidental, donde el terror fue masificado. El Estado consider? que los padres de familia eran los principales responsables de la actividad pol?tica local, incluyendo el apoyo a la guerrilla, por lo cual buscaron primero la eliminaci?n de los hombres, quienes huyeron de sus comunidades a la primera se?al de ataque militar. Se sabe de casos en comunidades cuyos hombres dorm?an entre sus parcelas o en el monte para evitar ser capturados. Con los hombres ausentes, los militares se ensa?aron contra cualquiera que lograban capturar, ya fueran mujeres, ni?os o ancianos.
La cantidad de mujeres asesinadas aument? con la intensificaci?n del conflicto social a mediados de los setenta, llegando a su m?ximo en 1982, durante las campa?as de "tierra arrasada", promovidas por el golpista militar Efra?n R?os Montt, y descendi? paulatinamente cuando la violencia se volvio m?s selectiva. Como consecuencia, los hombres fueron objeto directo de la violencia pol?tica, pero las consecuencias del terrorismo estatal afectaron (y siguen afectando) desproporcionadamente a las sobrevivientes, quienes han padecido los efectos tanto inmediatamente despu?s de las masacres como a largo plazo.
Durante el conflicto armado interno en Guatemala, las fuerzas represivas trataron a las mujeres como otro bot?n de guerra m?s. En muchas comunidades los soldados violaron a las sobrevivientes despu?s de masacrar a los hombres, mientras que en otras las mujeres eran violadas y torturadas antes de ser asesinadas. Con la militarizaci?n y el colapso del orden moral, producto de la violencia institucionalizada desde la c?spide del gobierno, soldados y patrulleros civiles abusaron de las sobrevivientes, por la mera capacidad (u oportunidad) de hacerlo, por la extrema vulnerabilidad de ellas o porque nadie les impedir?a hacerlo.
En muchas comunidades en donde los hombres huyeron o fueron asesinados, algunas viudas permanecieron durante a?os como esclavas sexuales de los comandantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). La violaci?n tambi?n contribuy? como funci?n contrainsurgente: humillar, da?ar y destruir emocionalmente a los sobrevivientes y as? desalentar la participaci?n en el movimiento insurgente a trav?s de cr?menes de poder cuya funci?n fue la vejaci?n sistem?tica de las v?ctimas, su anulaci?n y alienaci?n como seres humanos en sus aspectos mas ?ntimos.
En la actualidad, las hip?tesis m?s difundidas han sido aquellas que atribuyen el asesinato de mujeres a la delincuencia com?n y las que vinculan a las asesinadas con la participaci?n en las maras (pandillas juveniles), sin reparar en que ?stas son manifestaciones claramente reaccionarias, mas no el est?mulo o la ra?z de los asesinatos de g?nero. Se ha dejado de lado el an?lisis de aspectos pol?ticos o sociol?gicos, en cuyas profundidades se encuentra el fundamento de la violencia contra las guatemaltecas, invisibilizando la realidad y, con ello, minimizando los hechos y revictimizando a las asesinadas y sus familiares, que en muchos casos deben cargar no s?lo con el duelo, sino tambi?n con los juicios emitidos por quienes terminan culpando a la v?ctima de su destino.
Al procesar la informaci?n sobre los casos de las mujeres asesinadas se observa que los patrones de ejecuci?n tienen grandes similitudes con los utilizados durante las operaciones contrainsurgentes, heredados del surgimiento de poderes paralelos, producto del mismo conflicto, a lo cual hay que agregar el car?cter violento del sistema patriarcal que impera en Guatemala. La combinaci?n de estos factores frena, a trav?s de la represi?n, la participaci?n de las mujeres en los espacios p?blicos y privados, convirti?ndolas en un sector desprotegido y vulnerable y, por otra parte, mantiene la ingobernabilidad y la inoperancia del Estado de Derecho.
En Guatemala, la violencia es dirigida hacia los sectores y las personas m?s d?biles en las relaciones jer?rquicas de poder que abarcan ?mbitos econ?micos, sociales, pol?ticos, p?blicos y privados, en los cuales las mujeres ocupan posiciones subordinadas asignadas por una sociedad que las no las reconoce como sujetos de dignidad y derechos. Son consideradas como propiedad de un hombre: padre, esposo, suegro, hermano, novio, autoridad o cualquiera a quien se haya delegado el tutelaje de su conducta. Estos tutores est?n legitimados por la sociedad y por el marco jur?dico que la rige, para imponer sobre ellas su voluntad, incluso por medios violentos, en la mayor?a de los casos. En lo p?blico la situaci?n no var?a: la agresividad arraigada en las instituciones del Estado y en la sociedad lleva a la normalizaci?n de las agresiones contra las mujeres, culp?ndolas o relacion?ndolas con la responsabilidad de haber sido asesinadas, lo cual no s?lo desvaloriza la vida humana en su totalidad (y espec?ficamente la de las asesinadas), sino que fomenta la impunidad y la reproducci?n de las conductas violentas contra las mujeres.
La responsabilidad del Estado de Guatemala en los asesinatos de mujeres es por omisi?n... y por acci?n. El incumplimiento de los Acuerdos de Paz, en especial el de Fortalecimiento del Poder Civil, y otros aspectos no atendidos por el gobierno (como la falta de control sobre el papel del ej?rcito en una sociedad democr?tica o la casi nula desarticulaci?n de los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad), han favorecido el recrudecimiento del caos. A ello se suma la negativa a cumplir con el traslado al Ministerio de Gobernaci?n el control de armas y municiones, que contin?a en manos del Ej?rcito (numerosas organizaciones afirman que existen m?s personas armadas hoy en d?a en Guatemala que durante el propio conflicto armado). De igual forma, la actitud negativa del Estado ante la creaci?n y el fortalecimiento de los mecanismos civiles, entorpece y neutraliza las acciones de la sociedad guatemalteca, que contin?a militarizada no s?lo por los poderes que a?n detenta el Ej?rcito, sino por la proliferaci?n y el descontrol de las m?s de 1.500 empresas de seguridad privada (la mayor?a de las cuales exige a sus empleados haber prestado servicio militar), as? como por los ex militares diseminados entre la poblaci?n civil y vinculados a la delincuencia organizada.
La ausencia de pol?ticas de prevenci?n, la falta de justicia, la ineficacia -o pura y dura ausencia- de sistemas adecuados de investigaci?n y la inexistencia de condenas contra los autores materiales e intelectuales de estos cr?menes sumergen y ahogan cada caso en la impunidad de los culpables, lo que tiene dos efectos devastadores para cualquier sociedad: dejar al criminal sin castigo y reproducir el delito a trav?s de mensajes claros que dejan patente la posibilidad de hacer cualquier cosa con la vida de una mujer (pues no hay que rendirle cuentas a nadie por ello). La ineficacia en la investigaci?n criminal no responde exclusivamente a la falta de profesionalizaci?n. Este sistema rid?culo y cariado por la impunidad empobrece los resultados al no tener capacidades suficientes en materia jur?dica, protecci?n de la escena del crimen, recopilaci?n, cuidado eficaz de la evidencia cient?fica, formulaci?n de hip?tesis, fundamentaci?n de las acusaciones, protecci?n de los testigos, realizaci?n del debate, sustentaci?n jur?dica de la sentencia y, en general, impulso del proceso para esclarecer los hechos y lograr la identificaci?n y la consecuente sanci?n penal de los responsables intelectuales y materiales. La falta de voluntad pol?tica para elevar la calidad en las investigaciones (y con ello dar con los responsables de los cr?menes contra las mujeres) coloca al Estado de Guatemala en una grave posici?n de encubrimientos flagrantes y permanentes de los delitos contra las mujeres.
La falta de un marco jur?dico adecuado propicia las circunstancias para que la ley sea inefectiva e insuficiente, ya que la normativa del Estado no se corresponde con la realidad y las necesidades de la poblaci?n, y la falta de instrumentos legales puede servir para fomentar la violaci?n de derechos humanos, pues no existe tipificaci?n de los delitos, aun cuando es evidente que responden al modelo de abuso por condiciones de g?nero. Una vez m?s se evidencia la falta de voluntad pol?tica, pues el Estado se ha negado a reformar las normas, que siguen siendo el fundamento de la legitimaci?n de las perspectivas de superioridad de los hombres, en un pa?s cuya poblaci?n est? constituida, en m?s de un 50 %, por mujeres y cuya base de organizaci?n social est? formada por ellas.
Las mujeres guatemaltecas representan y han representado hist?ricamente un papel imprescindibile y protagonista en la reconstrucci?n de Guatemala, especialmente en el desarrollo de un nuevo movimiento a favor de los Derechos Humanos y, actualmente, en la denuncia y visibilizaci?n de esta realidad, que por lo desconocida que a?n es y lo apartada que est? de los intereses de los organismos internacionales permanece en la impunidad y el olvido.



Este art?culo pertenece a Mercedes Hern?ndez,consultora y miembro de la Comisi?n de Derechos HUmanos HIspano-Guatemalteca -CDHHG- con sede enMadrid, Espa?a.

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Tags: GUATEMALA, ESPAÑA, FEMINICIDIO, INFORME, MERCEDES

Publicado por ChemaRubioV @ 18:30  | ARTICULO
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