Autodeterminación Nacional
H. Roberto Herrera Cáceres
Instituto de Investigación y Acción Cívica


El pueblo ha libremente determinado que la democracia es el sistema político de
organización y funcionamiento del Estado como República para asegurar la vida
social y el desarrollo nacional y, por ello, nadie está facultado para separarse de la
forma de gobierno democrático, representativo y participativo; ni del respeto,
promoción y tutela de los derechos humanos y libertades fundamentales, ni del
cumplimiento de los deberes y responsabilidades como funcionarios y ciudadanos o
ciudadanas.

Al organizarse Honduras como un Estado de Derecho cuya soberanía corresponde
al pueblo y del cual emanan todos los poderes o autoridad que deben ejercerse en
su representación, ha quedado determinado que toda actividad democrática debe
realizarse conforme al respeto y efectividad de la Constitución de la República, y que
la voluntad política de los gobernantes y las políticas públicas deben responder
siempre al cumplimiento de las normas constitucionales que no pueden ser eludidas
por acción o por omisión. Cualquier titular gubernamental o servidor público cuyo
comportamiento o voluntad "política" se separe de esos criterios constitucionales, se
separa, al mismo tiempo, de su investidura legal y legítima.

Al evaluar la actividad política como compromiso ético y cívico y su credibilidad como
instrumento para la democratización y gobernabilidad del Estado y de la sociedad,
encontramos la falta de comprensión de que la democracia es un derecho humano
fundamental que debe ser ejercido, en beneficio de la comunidad local y nacional, y
que el sistema político debe asegurar las condiciones que garanticen la participación
ciudadana en los procesos democráticos y en la vida pública así como en elecciones
libres y justas orientadas a elegir representantes o gobernantes que tengan
capacidad para dirigir una gestión pública con legitimidad, ética y eficacia; que
luchen contra la corrupción, el abuso de poder, la inseguridad ciudadana y la
impunidad; y que promuevan firmemente el crecimiento económico nacional y el
desarrollo integral de las y los habitantes.

Condiciones de vida digna y de mejoramiento de su calidad constituyen las
expectativas de la nación hondureña en su República democrática: La ausencia de
esas condiciones demuestra el incumplimiento de los deberes políticos de promover
las reformas estructurales necesarias para cambiar las realidades sociales injustas
que prevalecen en la sociedad.

Ese déficit democrático requiere ser corregido recuperando la política del bien
común, examinando crítica y constructivamente actitudes y comportamientos dentro
de nuestra misma sociedad, y poniendo fin a la representación que, desde hace
largo tiempo, se está indebidamente confiriendo a quienes han hecho un modus
vivendi de la democracia ficticia o de supervivencia en que vivimos. Necesitamos
perfeccionar y reforzar las instituciones y actividades democráticas, de la vida
comunal, del municipio y de la ciudadanía a nivel local, mediante un proceso político
nacional que asegure una interacción positiva entre el bien público de nuestras
comunidades locales y el bien común nacional, y su proyección y fortalecimiento en
nuestras relaciones internacionales.

La promoción y defensa de la democracia como objetivo y forma de gobierno y como
derecho humano, es responsabilidad del sistema político y de la ciudadanía, por lo
que no puede continuar siendo invocada sólo con propósitos electorales o utilizada
para encubrir dirigencias o gobiernos autoritarios que nos han sumido en una crisis
de representación, representatividad y legitimidad.

En el proceso de democratización y de buena gestión pública de nuestro Estado, se
revela necesario tener presente el valor de la democracia para la vida en sociedad y
de las elecciones y voto ciudadano, así como de la participación ciudadana en los
asuntos públicos, para recuperar efectivamente el funcionamiento democrático de la
institucionalidad, colaborando con quienes hemos investido con autoridad pública y
exigiendo su rendición de cuentas sobre el funcionamiento de la estructura de poder
acorde con los objetivos democráticos y con las respuestas a las expectativas
ciudadanas.

Si apoyamos la transición democrática necesitamos avanzar en el proceso de
cambio tanto de un régimen autoritario a otro democrático, como del orden social y
de las normas que organizan la actividad del Estado y de la sociedad. Con ese
propósito, hay que corregir prácticas políticas defectuosas, aceptando
incondicionalmente que: la soberanía corresponde al pueblo quien sólo busca su
bien común y da legitimidad a toda autoridad pública; el imperio del derecho debe
prevalecer sobre gobernantes y gobernados para garantizar el ejercicio efectivo de
los derechos humanos y libertades fundamentales; una asociación firme entre
gobierno y sociedad debe fomentarse para la gestión eficaz de los asuntos públicos
que impulse el progreso de la hondureñidad.
 

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